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En una comparecencia celebrada tras el Consejo de Ministros, fuentes del Gobierno han detallado las principales líneas de actuación de este plan, que incluye reformas legislativas, herramientas digitales y nuevas obligaciones para altos cargos públicos.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación del alcance de la ley de acceso a la información, que permitirá a los ciudadanos solicitar datos de manera más ágil y con menores restricciones. Asimismo, se plantea la creación de una plataforma digital unificada donde se publicarán contratos, subvenciones y agendas institucionales en tiempo real.

El proyecto también contempla el refuerzo de los organismos independientes encargados de supervisar la actividad pública, dotándolos de mayor autonomía y recursos. Según el Ejecutivo, estas medidas responden a una demanda creciente de la sociedad por una mayor rendición de cuentas.

Desde la oposición, algunas formaciones han mostrado cautela ante el anuncio, reclamando más concreción en los plazos de implementación y garantías sobre la efectividad de las medidas. No obstante, han coincidido en la necesidad de avanzar en transparencia como pilar fundamental de la democracia.

El Gobierno prevé iniciar la tramitación parlamentaria de estas reformas en las próximas semanas, con la intención de que puedan entrar en vigor antes de que finalice el año.

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